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La ACLU y otras organizaciones de derechos civiles presentaron este viernes una nueva demanda federal contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que busca negar la ciudadanía automática a hijos nacidos en EE.UU. de padres migrantes sin estatus legal o con visas temporales.
La medida choca con la Enmienda 14 de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en suelo estadounidense. “Es abiertamente inconstitucional”, declaró Cody Wofsy, abogado de la ACLU.
Aunque la Corte Suprema permitió temporalmente la aplicación de la orden, no se ha pronunciado sobre su legalidad. La entrada en vigor está prevista en 30 días, excepto para menores ya protegidos por otras demandas.
Más de 22 estados, liderados por gobernadores y fiscales como Gavin Newsom y Rob Bonta (California) o Matthew Platkin (Nueva Jersey), ya han anunciado acciones legales para detener la medida, calificándole como una amenaza a los derechos civiles y al orden constitucional.
Organizaciones civiles advierten que, si se implementa, miles de niños quedarían en un limbo legal, sin acceso a servicios, con riesgo de separación familiar, y abriría la puerta a que el Ejecutivo modifique principios constitucionales sin pasar por el Congreso.
El caso ahora se encamina a una batalla legal crucial que definirá si el derecho a la ciudadanía por nacimiento en EE.UU. puede ser eliminado por decreto presidencial.
