Magistrado participa en sesión extraordinaria del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe

El magistrado de la Sala de lo Constitucional, Luis Javier Suárez Magaña, en representación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador, participó en la sesión extraordinaria del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, desarrollada en San José, Costa Rica.

El encuentro tuvo como objetivo consolidar el diálogo regional y la adopción de decisiones estratégicas entre las máximas autoridades de los poderes judiciales y otros actores intersectoriales, con el fin de impulsar acciones que fortalezcan el acceso efectivo a la justicia, la garantía y protección de los derechos humanos, así como el Estado de Derecho en Centroamérica y el Caribe.

Durante su intervención, el magistrado Suárez destacó la importancia de estandarizar y unificar criterios sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito judicial, a fin de adoptar medidas uniformes adaptadas a las necesidades de cada país. En ese contexto, abordó la reciente sentencia de inconstitucionalidad 57-2025 emitida por la Sala de lo Constitucional, en la que se establece que la inteligencia artificial constituye una herramienta de apoyo, pero no un sustituto del razonamiento jurídico. Asimismo, subrayó la relevancia de la argumentación jurídica por parte de usuarios, jueces y abogados.

En dicha resolución, la Sala analizó una demanda que pretendía declarar inconstitucional el artículo 46 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones (LEIT), el cual permite que una persona grabe una comunicación en la que participa, sin autorización judicial. No obstante, la demanda fue declarada improcedente tras determinarse deficiencias en su fundamentación.

Además, la Sala identificó el uso de inteligencia artificial en la elaboración de los argumentos sin que ello fuera declarado, por lo que desarrolló un análisis sobre el uso, funcionamiento, riesgos y regulación de estas herramientas en el ámbito jurídico.

Asimismo, durante la sesión se suscribió la declaratoria “Poderes Judiciales Independientes como garantía del Estado de Derecho y de la Paz Social en Centroamérica y el Caribe, por una justicia centrada en las personas”.